Romina DEL PLÁ: Considera que obstruir vínculos familiares no es ataque a las infancias.

La Diputada Romina Del Plá repudia que se sepa quienes son los obstructores de vínculos, avalando así, la descomposición de las familias por mero capricho obstructor de un individuo, al presentar el proyecto de declaración n* 1825-D-2023
Lo Justifica de esta manera. lamentablemente menciona que es un ataque a la infancia el obstruir vínculos familiares

No hace falta una opinión solo con la lectura del proyecto y verificar que menciona casos particulares cuando la problemática se debe analizar y solucionar teniendo en cuenta «TODOS» los aspectos que la atraviesan, Así lograremos que realmente no haya ataques a la infancia. sin olvidarnos que todos los legisladores deberían despojarse del adultocentrismo que reina en las cámaras legislativas.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación Declara:
Manifestar su repudio al Proyecto de Ley que propone crear en la Provincia de Salta un
“Registro de Obstructores de Lazos Familiares” en el ámbito del Poder Judicial, que
cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y se encuentra a revisión en la
Cámara de Diputados provincial. Denunciar que la sanción de este dictamen significaría
un grave ataque a las infancias y a las madres protectoras.

FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
Traemos a consideración este Proyecto de Declaración con la preocupación que amerita
el avance contra los derechos de las niñeces de aprobarse en la Legislatura de la Provincia
de Salta el Proyecto de Ley que crea un “Registro de obstructores de lazos familiares”.
La ley es sumamente peligrosa porque otorga una herramienta jurídica al servicio de
quienes violentan y agreden a las infancias y cuentan con impunidad y protección en los
estrados judiciales -una situación dramáticamente extendida a nivel nacional. Es una ley
contra las madres protectoras, porque son las que mayormente denuncian la violencia
familiar y las que protegen a las y los niños de padres violentos y/o abusadores. Por otro
lado, interfiere sobre derechos ya consagrados como el derecho al trabajo y a la vivienda
sin tener en cuenta que el supuesto obstructor tenga otros hijos/as.
El texto dice que se crea un registro de los casos donde hay una sentencia o disposición
sobre régimen de visitas o vinculación que es incumplido por algunas de las partes. El
propósito es sancionatorio, porque crea una página Web donde se exhibe el nombre del
supuesto infractor. Este registro puede ser solicitado por cualquier empresa, organismo
del Estado o incluso un particular.
El “obstructor/a” puede ser suspendido si se desempeña en un trabajo estatal, no puede
inscribirse en el Instituto de la Vivienda y tampoco podría ser funcionario o estar en un
cargo electivo. Esto último, pareciera un chiste de mal gusto ya que se trata de una medida
persecutoria para madres que luchan por la defensa y la justicia para sus niños/as cuando
en Salta hay hasta jueces con graves denuncias de violencia de género y siguen ejerciendo
como si nada.
El registro pretende convertir en un marginado al supuesto obstructor sin tener en cuenta
que, en las causas de familia, las disposiciones sobre régimen de visitas o revinculación
pueden modificarse, no son sentencias definitivas, hay muchos casos en donde persiste la
violencia familiar y el juez de menores retira la vinculación, si es que se trata de casos de
violencia familiar o abuso.
Asimismo, si la separación de la pareja no es por razones de violencia de género, ni por
abuso a las infancias, crear un registro no es la manera de proceder, porque está en juego
la integridad del niño/a que debe ser garantizada por un equipo multidisciplinario que
evalué el caso y no bajo amenaza de ser escrachado en un registro público.
La ley de obstructores parece un disparate o pedido por violentos que quieren impunidad,
porque el registro serviría de presión para que las mujeres desestimen seguir con un
proceso judicial porque necesitan acceder a una vivienda o para no quedarse sin trabajo.
Además, da por sentado que la “obstrucción del vínculo” se debe solo a desacuerdos entre
adultos, siendo que lo que prima en Salta son miles de denuncias de violencia familiar
que tardan años en resolverse.
En los casos donde hay denuncias por abuso a las infancias es más grave aún, porque en
los hechos es concretar la falsa teoría de Síndrome de Alienación Parental (SAP), que es
utilizada por las defensas de abusadores para desestimar las denuncias de los niños
abusados y expresar que todo es un invento de la mujer. La finalidad del SAP es que los
abusadores queden impunes y no sean juzgados.
Una ley de este tipo podría tener alcances gravísimos para la protección de las infancias,
ya que se trata de una herramienta para reforzar la criminalización que ya sufren las
madres protectoras por parte de la Justicia, que se caracteriza por querer generar
revinculaciones forzosas entre niños y niñas violentados con sus agresores. Esto es
precisamente lo que está ocurriendo con la niña Arcoiris y su mamá, que luchan para que
no la entreguen nuevamente con su abuelo paterno -a quien denunció en instancias
judiciales por abusos y agresiones sexuales. El abusador cuenta con protección política y
judicial por ser un alto funcionario del gobierno del Frente de Todos en La Rioja. Su
mamá, Delfina, se encuentra en prisión domiciliaria precisamente por proteger a su hija.
Como Arcoiris y Delfina hay muchísimos casos en todo el país.
No es novedad, que detrás de estos casos de persecución a quienes protegen a sus hijos e
hijas, operan grupos antiderechos con mucho poder en todos los niveles del Estado,
amparados por los distintos gobiernos. Son defensores de un modelo familiar dominado
por la violencia, el autoritarismo y la descomposición social. En Salta es muy fuerte esta
presencia en el Poder Judicial -una provincia donde la formación profesional de sus
agentes judiciales está monopolizada por la UCA y su ideología reaccionaria, prejuiciosa
y retrógrada en materia de derechos de las mujeres, las diversidades y la familia.
No se puede ignorar las terribles estadísticas de la propia Salta. En los juzgados de
violencia de género y violencia familiar no bajan de un promedio de 6.000 denuncias por
semestre realizadas por mujeres. La provincia tiene también la tasa más alta de femicidios
por cantidad de habitantes, este año van 9 mujeres asesinadas. El jefe de policía salteña
reconoció que reciben por mes alrededor de 40.000 pedidos de intervención al 911 por
violencia familiar, la mayoría de esos hechos no se convierten en denuncias.
Cabe mencionar que, el autor del proyecto, el senador Emiliano Duran, ahora candidato
a intendente oficialista, dice que la ley de registro es para proteger a los niños, siendo que
la Justicia salteña es pura oligarquía reaccionaria cuando se trata de los derechos de los
niños y las mujeres: el año pasado la corte salteña, armada por el gobernador Gustavo
Sáenz, les dio la prescripción a los curas abusadores Aguilera y Lamas, que abusaron de
niños que iban al catecismo. Luego de semejante aberración tienen garantizada la
impunidad de que nunca van a ser juzgados. Lo peor de todo es que la prescripción se la
dieron tomando el antecedente “Chinque”, que era el caso de una niña abusada por su
propio padre y que la víctima lo denunció siendo mayor de edad. Así que esta ley viene a
sumarle puntos a la Justicia reaccionaria que ya tenemos. Otro caso terrible es el crimen
en Las Lajitas: un padre asesinó a su hijo de un año y luego se suicidó, y lo hizo el día
que le tocaba estar con el niño, según dictaba su régimen de visita. Se ve que el juez de
menores o el fiscal nunca vieron que el niño estaba en peligro. ¿En ese contexto quieren
crear un registro? La Justicia del gobierno de Sáenz no escucha a las mujeres ni a los
niños.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara Baja en noviembre del año pasado
y pasó a Diputados, pero allí se realizaron modificaciones y recién fue aprobado el 7 de
marzo, de la mano de la diputada Mónica Juárez (del bloque 8 de Octubre). De esta
manera, la propuesta legislativa debió volver al Senado para tener su aprobación
definitiva.
Con este proyecto queremos acompañar el reclamo de las Madres Protectoras que insisten
en que no se continúe el tratamiento de este nefasto proyecto de ley. Porque defendemos
y luchamos por infancias respetadas y libres de violencias. Porque se trata de una grave
tentativa por avanzar contra las madres protectoras en Salta, y que sienta un peligroso
antecedente a favor de los reaccionarios grupos antiderechos a nivel nacional, que operan
con completa connivencia del poder político y judicial en todas las provincias y
estamentos del Estado.
Por todos estos motivos llamamos a las señoras diputadas y a los señores diputados a
acompañar este proyecto de Declaración.